En virtud de la ley vigente, un funcionario policial tiene prohibido arrestar o detener a una persona debido a una orden de detención migratoria civil. El proyecto de ley establece una excepción a la prohibición si se ordenó que la persona fuera deportada o expulsada de los Estados Unidos, o si ha sido declarado culpable de delitos federales concretos relacionados con el ingreso o reingreso indebido a los Estados Unidos, o si ha sido condenada por un delito grave en Colorado (extranjero ilegal). El proyecto de ley también exige que los cuerpos policiales notifiquen a las autoridades federales del servicio de control de inmigración y aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) la fecha y hora de la liberación del extranjero ilegal y que lo detengan por no más de 48 horas tras la fecha y hora de la liberación. Pese a la inmunidad gubernamental, el proyecto de ley también crea un recurso civil contra el organismo que emplea a un funcionario policial si el agente de policía no notifica a ICE o detiene al extranjero ilegal cuando sea necesario y el extranjero ilegal luego comete un delito. La víctima del delito tiene derecho a una indemnización compensatoria hasta los límites especificados si el delito genera directamente el perjuicio.
Situación actual
- La Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara pospone por tiempo indefinido (03/12/2020)
- Se presenta en la Cámara: se asigna al poder judicial (01/30/2020)
